El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, solicitó este jueves al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que imponga la pena de 6 años de prisión al vicepresidente Jorge G., en calidad de autor del delito de asociación ilícita por la trama de corrupción que estructuró Odebrecht en el país.
En su exposición, Baca argumentó que se ha demostrado, por medio de las pruebas presentadas y testigos, que Jorge G. era el responsable directo de los sectores estratégicos por sus funciones de Ministro Coordinador y después como Segundo Mandatario.
El Fiscal aclaró que su petición (máxima pena) se basa en el artículo 370 del Código Penal anterior, que estaba vigente al momento de cometerse la infracción. En la primera parte de su intervención detalló que existe el delito de asociación ilícita, a pesar de que algunos de los acusados no se conozcan entre ellos. Explicó la materialidad del delito a través de las asistencias penales internacionales, los testimonios y la pericia de análisis financiero que constata los montos de transferencias por $ 33,5 millones en sobornos para contratos de obras para el Estado.
«Ha quedado comprobado que tuvo poder e injerencia en estos proyectos», apuntó Baca al referise a las cinco obras donde aparentemente hubo el pago de estos sobornos. Dijo que Jorge G. ha declarado que fue el responsable de la expulsión de la constructora brasileña del país y de la misma manera propició su regreso en el 2010. Esto se conectaría con el pago que habría hecho Odebrecht de $2 millones en el mismo año a Ricardo R., tío del Vicepresidente, a través de Telconet, supuestamente por un negocio con la empresa China Glory Internacional que instalaría un cable submarino en Ecuador. Sin embargo, aclaró que ese dinero fue entregado a la Fiscalía por Tomislav T., dueño de Telconet, ya que todavía estaban en sus cuentas. El Telégrafo 