El pasado fin de semana, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, anunciaron las acciones contempladas en el plan para recuperar la capacidad de control del Estado en las cárceles o centros de rehabilitación social del país, y actualizaron las cifras de la última masacre en la Penitenciaría del Litoral.
Garzón informó que las acciones para reestructurar el sistema carcelario son:
- Controlar totalmente la Penitenciaría del Litoral.
- Incluir en las prácticas de seguridad el escáner de carga para evitar el ingreso de armas.
- Rehabilitar el Complejo Penitenciario Guayaquil para reducir el hacinamiento, con una inversión que va de $ 3 a $ 5 millones (hay pendientes $ 12 millones por recibir).
- Dividir y redistribuir a los privados de la libertad en pabellones para evitar hechos violentos.
- Construir infraestructura penitenciaria para evitar hacinamiento.
- Tramitar alrededor de 2.000 indultos para privados de la libertad de la tercera edad, con discapacidad y enfermedades catastróficas.
- Repatriar extranjeros; de momento, se procesan 82 casos.
- Contemplar los recursos para el Complejo Penitenciario de Guayaquil; el Ministerio de Economía y Finanzas se está haciendo cargo.
Garzón señaló que con estas acciones se va a disminuir la violencia en los centros y también a reducir el hacinamiento, que en la Penitenciaría del Litoral está entre el 62 % y el 66 %; y a nivel nacional, entre el 55 % y el 60 %. En Ecuador hay alrededor de 38.000 personas privadas de la libertad.
Si bien, en este momento, la prioridad es el Complejo Penitenciario Guayaquil, en Cotopaxi se alista la construcción de un nuevo centro y ya se inició con la parte electrónica.
El SNAI presentó la denuncia de los hechos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral a la Fiscalía para que investigue los hechos, pero Garzón adelantó que la causa es la lucha por el control de poder por parte de los grupos de la delincuencia organizada.
En tanto, Vela señaló que el Gobierno mantiene 3.600 efectivos policiales y militares movilizados para retomar el control en los centros y que, junto con otros mandos, la comandante general de la Policía, Tannya Varela, está en territorio a cargo de las operaciones.
Garzón agregó que el plan se ejecuta por partes, de acuerdo con los desembolsos que se van entregando.