ECUADOR. El Gobierno destinará USD 1 328 millones en subsidios para combustibles el próximo año. Así lo establece la Proforma presupuestaria 2022.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) la calificó el martes 2 de noviembre del 2021, y designó a la Comisión de Régimen Económico para que elabore el informe.
De forma global, el Estado pagará USD 5 123 millones en subsidios para combustibles, seguridad social y compromisos para desarrollo social.
Subvención
La subvención a los derivados corresponde al 26% del total de los subsidios, de los cuales USD 768,66 millones se destinan a gas de uso doméstico y USD 406,48 millones a diésel, principalmente.
Así, el diésel todavía es altamente subsidiado por el Estado, pese al incremento de precio que rige desde el pasado 23 de octubre, cuando el Gobierno dispuso congelar en USD 1,90 el valor de este derivado.
Aunque la medida supuso un incremento de USD 0,21 en menos de un mes para el consumidor, lo cierto es que aun con ese aumento el valor está muy por debajo del costo internacional, que es de USD 2,30. Según datos de Petroecuador, el derivado mantiene un subsidio del Estado de USD 0,40 por galón.
En cambio, la gasolina ecopaís tiene aún un subsidio de USD 0,09 por galón y la extra se mantiene como a inicios de octubre pasado, con un valor internacional sin subsidio.
Ecuador esperaba alcanzar los precios internacionales en marzo de 2022, pero el aumento sostenido del precio del petróleo los últimos meses alargó el ajuste.
Este escenario es el resultado de la crisis energética provocada por la escasez de gas natural en el mundo y por la reactivación de la economía mundial, que demanda más hidrocarburos.
Análisis profesional
José Rivera, analista de Mercados Financieros de Libertex Americas, explica que el sistema de precios que se aplicaba desde mayo de 2020 permitió que Ecuador no sintiese el impacto de ese aumento de precios de forma abrupta, ya que el valor de la extra subía en un máximo de 5% al mes y el diésel, 3%.
Otra ventaja del sistema era que permitía controlar la inflación. Mientras en el país la inflación anual es del 1,07%, en Colombia llega a 3% y en Perú, al 4,3%. Finalmente, redujo el contrabando y generó importantes ahorros para el Estado.
Pero el anuncio del congelamiento de los precios de los combustibles ha generado distintas reacciones. Por un lado, los transportistas anunciaron que la medida es positiva porque ellos han cargado más de un año con el ajuste permanente de precios.
Por otro lado, grupos sociales rechazaron la medida y anunciaron jornadas progresivas de resistencia y movilización. Ellos piden que se reduzca el precio de los derivados y realizaron dos días de protestas la semana pasada.
Con base en el artículo 98 de la Constitución, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señaló que las organizaciones se declaran en resistencia ante las políticas “neoliberales” implementadas por el Gobierno de Guillermo Lasso.
El Presidente de la República, por su parte, invitó a la organización a dialogar sobre el tema. “El Presidente mantiene las manos extendidas hacia el sector de la Conaie y están invitados a sentarse nuevamente a negociar el miércoles 10 de noviembre”, señaló Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, el miércoles pasado.
Atender esos reclamos solo conducirá, según Rivera, a beneficiar a contrabandistas que ya generan millonarias pérdidas para el Fisco. Incluso, dice el experto, el Estado debería pensar en reactivar el sistema de bandas en caso de que el precio del crudo siga al alza.
Según proyecciones internacionales, el petróleo podría alcanzar los USD 90 o 100 entre diciembre y enero de 2022.
Esta semana ya superó los USD 83. En el presupuesto, el petróleo se calcula en USD 59,20, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El precio de los derivados está congelado, pero realmente es decisión del Estado reactivar el sistema de bandas si el precio del petróleo llega a valores históricos; caso contrario, el congelamiento estaría beneficiando al contrabando”, insistió el analista.
Plazo
El Legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para analizar y pronunciarse sobre la Proforma 2022. El tratamiento del presupuesto es similar al que se da con un proyecto de ley económico urgente.
El CAL calificó el martes la Proforma y la Comisión especializada tiene un plazo de 10 días para elaborar el informe y enviarlo a debatir en el Pleno. El Legislativo tiene dos opciones: puede aprobar la proforma o emitir observaciones.
En caso de presentar observaciones, el Presidente puede acogerlas o no. Si las acoge, modifica el presupuesto y si no, se ratifica en el primer documento. Para tomar esta decisión tiene 10 días de plazo. (El Comercio)