Como un “acomodo de retazos y rectificaciones” calificó el Gobierno Nacional al informe no vinculante aprobado por la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, creada para indagar supuestos casos de corrupción, el miércoles 1 de marzo del 2023. Este recomienda al Pleno de la Asamblea llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.
La moción tuvo un voto en contra y seis votos a favor, de los de los asambleístas Viviana Veloz, del correísmo; Pedro Zapata, del socialcristianismo; Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática; Mireya Pazmiño, de Pachakutik, y de los independientes Diego Esparza y Augusto Guamán, quienes votan con el correísmo.
En el comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno se señala que el Parlamento «al desviarse de sus funciones han demostrado que jamás les importó realmente la lucha contra la corrupción. Sino que, en un claro afán desestabilizador, han pasado más de un mes buscando la manera de menoscabar y realizar un vergonzoso manoseo constitucional, para intentar configurar las causales de juicio político y así demostrar una inexistente responsabilidad política del Presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza».
Allí también se aclara que “jamás este Gobierno ha puesto en duda las facultades de control político que constitucionalmente tiene el Parlamento para fiscalizar los actos de poder público. Sin embargo, en lugar de cumplir este rol de manera seria y responsable como lo exige la coyuntura y el país, dicha Comisión confundió de manera deliberada su obligación de investigación, pasando a tomar un papel de acusación que no le correspondía”.
Respecto a las recomendaciones efectuadas, donde solicitan un proceso político al Presidente, “modificando las causales con lo que se les pudo ocurrir a último momento”, el mismo documento expresa que no existe evidencia alguna que vinculen al señor Presidente de la República, con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo.