A veinte meses de pena privativa de libertad fue sentenciado, en calidad de autor del delito de concusión, Héctor Fabrizzio R. V., exdirector del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Guayaquil.
El acusado se acogió al procedimiento abreviado y aceptó el hecho delictivo atribuido, por el que lo procesó Lidia Sarabia, fiscal especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Pichincha (Fedoti-9).
En la audiencia de procedimiento abreviado, instalada en la Unidad Judicial Norte, en Guayaquil, la jueza de Garantías Penales, Ángela Bustillos, también dispuso el pago de una multa de cinco salarios básicos unificados.
Como reparación integral inmaterial, el acusado deberá ofrecer disculpas públicas en uno de los diarios de mayor circulación nacional. El texto se publicará en una edición de domingo y en un lugar visible, de acuerdo a lo establecido en el fallo.
Además, la Magistrada ordenó la colocación de una placa en el CRS de Guayaquil, en la que conste la definición de servicio público desde lo ético y lo jurídico, además de los nombres del sentenciado.
Durante la etapa de instrucción fiscal, Fiscalía ordenó la práctica de pericias de cotejamiento fisionómico morfológico y de cotejamiento de voces. También se receptaron versiones y testimonios anticipados, que permitieron el esclarecimiento de los hechos investigados por la Fedoti 9 de Pichincha.
Contexto
Héctor Fabrizzio R. V., aprovechándose de su cargo como Director del CRS de Guayaquil, solicitó a los israelíes Shy Dahan (+) y Oren Sh. dinero a cambio de dotarles de los “servicios necesarios”, como acceso al baño, colchones y seguridad. Recibió de ellos 5.000 dólares.
El 1 de octubre de 2020, el acusado fue detenido luego de rendir una versión en el despacho de la Fiscalía Provincial del Guayas, en cumplimiento de una orden de detención con fines investigativos, emitida por un juez de Garantías Penales.
En un video viralizado en redes sociales, esa misma noche, se observó al funcionario dialogar con Shy Dahan, ciudadano israelí asesinado al interior de la Penitenciaría del Litoral en agosto de 2020. En la grabación, ambos se refieren a cantidades de dinero recibidas por personal carcelario y solicitado por el procesado Héctor R.
La investigación de Fiscalía se llevó a cabo en coordinación con la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Propiedad, Brigada Anticriminal (Sidpro-BAC) de la Policía Nacional.
Dato jurídico
La Jueza da Garantías Penales aceptó el pedido de procedimiento abreviado planteado por Héctor R., por cumplirse las reglas del artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cuando un procesado se acoge a este procedimiento, significa que acepta la existencia del hecho punible para beneficiarse de la reducción de la pena privativa de libertad. (I)
