Con 123 votos afirmativos, la Asamblea Nacional, en la sesión virtual del Pleno 680, censuró a Daniel Issac Mendoza Arévalo, en razón de estar involucrado en actos de corrupción, específicamente en el caso del Hospital de Pedernales, por lo que, ha sido privado de la libertad, procesado penalmente y acusado de delincuencia organizada por la Fiscalía General del Estado.
La moción la expuso Héctor Yépez, la cual establece aprobar el informe de la Comisión Multipartidista que investigó el caso y censurar al exasambleísta Daniel Mendoza, al estar incurso en las prohibiciones establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa durante el ejercicio de su cargo.
También, exigir al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por reconocer, durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista, que recibió sugerencias de nombres, por parte del exasambleísta investigado, que luego fueron designados para ejercer cargos públicos.
Igualmente, exigir al presidente de la Asamblea Nacional, que en el plazo de cuarenta y ocho horas convoque al CAL y dé trámite a las solicitudes de juicio Político que han sido presentadas y se encuentran pendientes de calificación; exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue y procese a todos los involucrados en el Gobierno Nacional, la Asamblea, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública, para lo cual deberá remitirse todo lo actuado por la comisión investigadora.
Por último, se dispone al titular del Parlamento que en la próxima sesión del Pleno No. 681, inmediatamente posterior a esta, incluya como punto dos del Orden del Día, el cambio de las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Contenido del informe
El informe de la Comisión Multipartidista que investigó las denuncias presentadas por las legisladoras Tanlly Vera y Verónica Guevara en contra de Mendoza, determinó que este incurrió en las prohibiciones expresas de los artículos 127 y 163, numerales 2 y 4, de la Constitución y Ley Orgánica de la Función Legislativa, respectivamente.
Estas normas establecen que los asambleístas no podrán ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea; y, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta.
Argumentos de comisionados
El titular de la Legislatura, ofreció el uso de la palabra, en primer término, a los miembros de la Comisión Multipartidista y las parlamentarias denunciantes.
Así, Xavier Casanova Cepeda, presidente de la mesa, precisó que el organismo respetó el derecho a la defensa y todos los principios básicos del debido proceso en la investigación de la denuncia contra Daniel Mendoza. “Es hora de demostrar que no todos los servidores públicos actúan de manera deshonesta y sancionar a quienes se ven involucrados en actos de corrupción, sin considerar el cargo ni la función que representan”, dijo.
Puntualizó que el acusado tuvo la oportunidad para exponer las pruebas de descargo, pero prefirió renunciar, en una muestra de irresponsabilidad política, al señalar que las legisladoras Tanlly Vera y Verónica Guevara demostraron que incurrió en expresas prohibiciones de los artículos 127 y 163 de la Carta Magna y la Ley de la Función Legislativa, en su orden, enfatizó.
El vocal Héctor Yépez, consideró que el caso de Daniel Mendoza ha escandalizado a todo el Ecuador, más aún cuando es evidente el reparto de hospitales, en plena pandemia. Fue el legislador que mocionó lo que posteriormente aprobó el Pleno de la Asamblea.
Ronny Aleaga, también vocal, manifestó que personas como Mendoza hacen quedar mal a la clase política y a los jóvenes, al requerir acciones enérgicas para que el caso no quede en la impunidad.
Denunciantes
La asambleísta Verónica Guevara expresó que el informe está debidamente motivado, al solicitar que se lo acoja y censure públicamente la conducta de Daniel Mendoza, ya que incurrió en prohibiciones establecidas en la normativa legal del país. Coincidió con la inmediata remoción de la ministra Romo.
En la misma línea, Tanlly Vera reiteró que el acusado violentó gravísimas prohibiciones previstas en el ordenamiento jurídico, además la justicia le ubica como el principal sospechoso y autor del delito de delincuencia organizada, por lo que el caso demanda una posición firme de la Asamblea.
Mensaje de transparencia y autodepuración
El criterio de los parlamentarios se centró en que la Asamblea Nacional ofrezca al Ecuador un mensaje de total transparencia y autodepuración, frente a todo acto de corrupción, evitando la impunidad. Hay que dar muestras de firme decisión de sancionar a la corrupción y los corruptos, a fin de recuperar la institucionalidad del primer poder del Estado, señalaron.
Hubo planteamientos en el sentido de que se integre una comisión especial o que se proceda inmediatamente a la restructuración de la mesa de Fiscalización para analizar la denuncia del medio digital de La Posta, respecto a la supuesta participación de un grupo de legisladores en el reparto de espacios, especialmente en el área de la salud. Varios de los mencionados en el tema, se mostraron abiertos a que se les investigue, con el propósito de descubrir la verdad.
Cuestionaron severamente la conducta de Mendoza por actuar a favor del más nefasto interés personal, en lugar del interés público, utilizando el poder para negociar la entrega de hospitales públicos, en detrimento del bienestar el pueblo. (RCL)
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