QUEVEDO. A finales de septiembre, la labor policial en el sector Divino Niño, del cantón Quevedo, fue interrumpida por un grupo de ciudadanos.
Y es que, minutos previos unos pillos disparaban a la Policía mientras huían en una motocicleta, pero al llegar al barrio antes mencionado, ciudadanos esperaban a los uniformados con palos y piedras impidiendo el procedimiento.
Este escenario ha sido reportado por la Policía de Quevedo por varias ocasiones, en las ruedas de prensa y entrevistas con la gobernadora de Los Ríos, Génesis Blum.
Comportamiento
El sociólogo del programa de asistencia Plan Internacional, José Morales, explicó que hay dos puntos para entender esto:
“Hay una sociedad que cubre o tapa estos comportamientos porque son parte del mismo ‘negocio’. Hay grupos que están organizados, grupos que trabajan de esa manera, entonces es su forma de vida y ellos están defendiendo su trabajo”, explicó.
También señaló el rechazo a la Justicia. “La gente igual no cree en la Justicia a pesar de que pueda ir preso o no. Hay ciertos parámetros que la gente desconfía incluso en la Policía, en las leyes…”, añadió.
Crisis social
“No podemos culpar a la sociedad, sino al modelo donde estamos viviendo”, dijo Morales.
“Hay que reflexionar que no hay un sistema de protección, de crear fuentes de trabajo, de crear emprendimientos, las políticas públicas no pueden ayudar. Entonces dichas personas se lanzan a lo más fácil para solventar ciertas necesidades básicas y tener condiciones de hábitat moderada”, aclaró.
Los menores que son ‘agarrados’ en estos ilícitos crecen en un ambiente donde el padre de familia tiene que buscarlas para solventar gastos y muchos de estos adolescentes no estudian por falta de recursos.
“En ningún lado le pueden dar un trabajo a los 15 años, encuentran en esta actividad dinero fácil, más que un salario básico. El adolescente está en ese ritmo de vida de formar su personalidad por lo que es difícil salir porque ese es el modelo de la familia”, argumentó.
Posibles soluciones desde lo social
Lo cierto es que el problema va más allá: Corrupción y caos en las cárceles, donde existe nula rehabilitación para los sentenciados, convirtiéndose muchas veces en ‘universidades’ de criminales, narco y microtraficantes.
Desconfianza y lentitud en la Justicia. El crimen organizado como un Estado paralelo y la ineficiencia de las instituciones gubernamentales para resolver estos y otros elementos.
Morales señala que tanto el Estado como los gobiernos municipales pueden unirse desde lo social, creando empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el deporte, apoyo para la integración familiar, especialmente en dichos sectores con pocas oportunidades.
“Deberían crearse programas de formación, capacitación, concientización. La parte educativa está en temas académicos, pero no en la parte personal, trabajando en los valores cívicos…”, agregó.
Reformas profundas o la implementación de políticas en favor a la institución policial, la adquisición de herramientas para enfrentar la criminalidad. Sobre todo, promover la participación ciudadana en la seguridad. (I)