La audiencia fue reservada. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, llegó a la Corte de Pichincha a las 05:00. Lo hizo acompañada de su abogado y con custodia policial. A la Sala Penal además entraron un colaborador suyo y una persona cercana al exasambleísta Virgilio Hernández, quienes también fueron capturados después de las movilizaciones.
Luego de cuatro horas de diligencia, los tres fueron procesados penalmente por el presunto delito de rebelión, un ilícito que es penado con cárcel de cinco a siete años. El presidente de la Corte provincial, Julio Arrieta, ordenó prisión preventiva en contra de la Prefecta y de su colaborador.
Para la tercera persona, ordenó la presentación periódica cada ocho días en una oficina judicial y la prohibición de salida del país.
Además, se le inmovilizaron sus cuentas bancarias y tienen prohibido vender sus bienes. En la cita judicial, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, aseguró haber recabado evidencias a través de escuchas telefónicas.
Según la Fiscalía, en estas llamadas, los procesados disponían a la gente salir a las protestas, mencionaban que en las manifestaciones “combatirán a policías y militares traidores” y que a cambio recibirán “un regalo generoso”.
Cuando el magistrado emitió su resolución dijo que “en las escuchas, la Fiscalía determinó que trataron de subvertir al pueblo ecuatoriano”.
En las investigaciones también se detectó que durante el estado de excepción, los procesados aparentemente realizaban encuentros en la Prefectura de Pichincha.
La Fiscalía tiene 90 días para investigar un presunto financiamiento para cometer actos vandálicos durante los 11 días de protestas en el país.
El Comercio