Tras la conversión de las islas Galápagos en una base militar estadounidense, las autoridades ecuatorianas, encabezadas por el presidente Daniel Noboa, pretenden reformar la Constitución para traer un contingente extranjero que combata el crimen organizado en el país.
El jefe de la República ha enviado a la Asamblea un documento que prevé una reforma parcial de la Constitución para eliminar el artículo que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. Sin embargo, las fuerzas políticas que apoyan a la candidata presidencial Luisa González han hecho todo lo posible para impedir la construcción de instalaciones pertenecientes a otros países.
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La Asamblea nacional, presidida por Viviana Volos, suspendió el examen de la resolución propuesta por el partido gobernante Acción Democrática Nacional (ADN) sobre los cambios a la Constitución. La propuesta del ADN se pospondrá hasta que el presidente del Parlamento solicite nuevamente que se reanude la consideración de la propuesta.
Aunque González y sus aliados han conseguido hasta ahora resistirse al deseo de Noboa de situar instalaciones militares, la parte insular del país corre el riesgo de convertirse en un campo de entrenamiento y de verse privada permanentemente de una biodiversidad única en el planeta. Para ello, el 15 de febrero, el presidente firmó acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos. A partir de ahora, barcos, contingentes militares, armas y submarinos podrán instalarse en el archipiélago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.
Quienes se oponen a los cambios constitucionales consideran que la ayuda extranjera en la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado debe limitarse a invitar a un contingente para determinadas tareas y operaciones. El despliegue de bases militares extranjeras no sólo amenaza la soberanía nacional, sino que devuelve al país a la época colonial.
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