SANTO DOMINGO. Dentro del proceso por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, la Fiscalía General del Estado vinculó a los ciudadanos Hugo Adolfo Ch. B., gerente comercial; Seiji N., exgerente de producción; y, Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos. Además de la persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador, a la causa investigada.
Prohibiciones de los vinculados
La jueza Susana Sotomayor dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica cada quince días ante la autoridad, la colocación del dispositivo de vigilancia electrónico para las tres personas naturales y la extensión de 30 días de la instrucción fiscal.
Además, reiteró la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles que se encuentren a nombre de la empresa Furukawa para garantizar posibles reparaciones integrales. Asimismo, confirmó las medidas de protección a favor de las víctimas, como la prohibición de concurrir a lugares donde se encuentren las víctimas, evitar de acercarse a las mismas y realizar actos de persecución e intimidación, ya sea por ellos o terceros, incluidos funcionarios de la empresa.
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Hasta el momento, seis personas naturales y una jurídica son procesados en esta causa.
Entre los más importantes elementos de convicción presentados durante la audiencia, se encuentra el informe presentado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General del Estado, cuyo contenido señala que en la empresa Furukawa se encontraron “[…] condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos, lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud […]”.
Se incluyeron los informes de otras instituciones en donde –además de las inadecuadas condiciones laborales– se registraron presuntas violaciones a los derechos de acceso a la educación y salud, casos de personas no inscritas en el Registro Civil o contratos de arrendamiento que realizaba la empresa con los trabajadores para evadir sus responsabilidades laborales.
También se presentaron, las verificaciones, por parte de las empresas correspondientes, de la inexistencia de servicios básicos como agua, alcantarillado o luz eléctrica. Además, las versiones de las víctimas y directivos de la empresa.
Los ciudadanos vinculados sería los responsables del diseño y la implementación del sistema de arrendamiento de tierras, contratos que afectaban a los derechos laborales de los trabajadores y que brindaba beneficios extras a la empresa: “Modelo de producción” que obligaba a que la cosecha de abacá sea vendido, de manera exclusiva, a la empresa Furukawa. (Fuente: Fiscalía)