Por pedido de Fiscalía, el juez Fernando Vergara vinculó al ciudadano David C. al proceso por presunto peculado por la compra de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Fue detenido en un operativo ejecutado con el apoyo de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional (Unase), el pasado 13 de junio en Guayaquil. El Juez le dictó prisión preventiva.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía del Guayas, César Suárez Pilay, en audiencia de vinculación, describió la presunta participación del detenido y presentó los elementos de convicción recaudados en el proceso investigativo, entre ellos, el parte de aprehensión, las pericias de contratación pública y contable por un supuesto perjuicio económico a la casa asistencial en compras de insumos médicos.
Sumó a ello, el informe con indicios de responsabilidad penal (IIRP) emitido por la Contraloría General del Estado, certificados laborales de los procesados que pertenecen al Hospital del Seguro Social y copias certificadas de convenios de pagos con compañías y distribuidoras.
Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el detenido, mismo que fue acogido por el Juez del caso, quien dispuso además que se amplíe a 120 días la instrucción fiscal, que inició el pasado 5 de junio de 2020.
Con base en la investigación de Fiscalía, varios allanamientos se realizaron la madrugada del 4 de junio en Guayaquil, entre los que se encontraba, inclusive, la residencia del expresidente Abdalá B., en Guayaquil; en dichas acciones se logró la detención de seis personas que estarían involucradas en el ilícito.
En audiencia de formulación de cargos realizada en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, se dictó prisión preventiva contra Francisco S. J., Julio V. F., Víctor C. V. y Rosa G. L., mientras que a Katherine C. M. y Enrique A. M. se les impuso medidas cautelares de arresto domiciliario, al presentar certificados médicos por Covid-19 y enfermedad compleja, respectivamente.
El ahora vinculado se desempeñaba como proveedor de insumos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en el sur de Guayaquil. La denuncia en su contra, por el presunto delito de peculado, menciona un supuesto perjuicio al Estado en más de 3 millones de dólares.