Existe preocupación entre los usuarios renales de la provincia de Los Ríos y es que hasta la fecha el Gobierno Nacional mantiene una deuda con las clínicas de dialísis lo que pone en riesgo su salud.
Y es que, pese a que estos centros no pueden dejarlos sin atención, los proveedores de insumos se niegan a entregar los materiales sino se paga lo que les deben.
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En la ciudad de Quevedo, son alrededor de 360 pacientes los que reciben atención, cuatro horas diaras, a la semana, en el centro de dialisis Dialilife.
A esta clínica el Ministerio de Salud Pública le debe desde el mes de abril de 2023 hasta enero de 2024; mientras que, el IESS tiene una deuda de todo el año 2023 hasta la fecha.
De acuerdo con Ángel Macías, administrador de Dialilife, la deuda asciende a 5 millones de dólares. «EL MSP debe 3.5 millones de dólares; mientras que, el IESS les debe 1.5 millones», aclara.
Problema
Macías explica que al no recibir el dinero correspodiente, se les complica obtener los insumos para poder dar la respectiva atención a sus pacientes.
«Los proveedores ya nos quieren fiar. Si buscamos proveedores nuevos, quieren los tres primeros meses pagados de contado para tener un buen historial crediticio y así darnos el crédito con los futuros contratos», detalló Macias.
Es decir que actualmente peligra el tratamiento dentro de las unidades renales.
Compromiso
Sin embargo, desde las clínicas se señala que al tener contratos firmados con los entes reguladores (MSP e IESS), no pueden dejar sin atención a los pacientes ya que los denuncian y deberán pagar, además de las indemnizaciones, los gastos de temas legales, entre otros, como su juramento hipocrático.
Esto ha provocado que los propietarios de las dialisadoras empiecen a vender bienes inmuebles con los cuales puedan adquirir dinero para tratar de conseguir el stock de medicina e insumos que deben tener en bodega para la atención de almenos una semana.
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Y es que el problema no nace en el 2023. De acuerdo con Macías, este problema se agudizó desde el año 2019, aunque reconoce que en los años 2015 y 2016 pasaron algo similiar, sin embargo, es la primera vez que no cobran sus servicios durante un año completo.
¿Qué acciones tomarán?
Frente a la preocupante situación, los administradores han decidido elevar su voz de protesta, pero sin suspender el servicio, desde las puertas de sus clínicas.
«Ya hemos salido a marchas, hemos hecho plantones, hemos cerrado vías y no hemos tenido resultados; además es muy peligroso actualmente salir, por lo que elevaremos nuestras voces pidiendo ayuda al Gobierno desde nuestras clínicas», explicó Macías.
Pese a que se tenía previsto hacer esta actividad el día jueves 25 de enero no se logra ejecutarlo, por lo cual esperarán hasta la próxima semana para protestar.