En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó como elementos de convicción: los informes investigativos y de seguimiento a los investigados, y los vehículos utilizados por los mismos; las órdenes de detención y allanamientos ejecutados con autorización del juez competente; los informes de reconocimientos y exámenes médicos practicados a las víctimas menores de edad, que demostraron las lesiones de índole sexual causadas; las versiones de las afectadas y las denuncias de sus familias.
El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Evert Dick G. S. y Eucly Magdalena I. C., mientras que para María de Lourdes O. M. dispuso arresto domiciliario. Además, emitió boletas de auxilio y medidas de protección a favor de las afectadas, como la prohibición a los procesados de ejercer actos de intimidación por ellos mismo o por medio de terceros en su contra.
Contexto
Fiscalía, junto a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la Policía Nacional, ejecutó –la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre– operativos y allanamientos en las provincias de Guayas y Los Ríos, en los que un hombre y dos mujeres, líder e integrantes de una congragación religiosa, respectivamente, fueron detenidos.
Ellos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias, ubicadas en Guayaquil (en la cooperativa Assad Bucaram en la parroquia Pascuales) y en Buena Fe (Los Ríos), donde las obligaban a cumplir con trabajos forzados de índole doméstico y explotándolas laboralmente, para después de cierto tiempo –y una vez ganada su confianza– proceder a abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad.
Familiares las víctimas denunciaron el hecho en enero de 2020, por un presunto delito de secuestro. Entonces, Fiscalía inició un proceso investigativo con la colaboración de la Unase y de la Policía Judicial, determinando –luego de los seguimientos a los principales integrantes de la congregación– que existirían presuntos casos abusos sexual y explotación laboral contra las mujeres.
Según las primeras investigaciones, una de las víctimas habría abortado producto del continuo abuso sexual al que era sometida.