La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que sentencie a Pablo R. Q., exsecretario nacional de Inteligencia, como autor mediato del secuestro de Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012, en Bogotá (Colombia), y que se le imponga el máximo de la pena contenida en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), considerando las agravantes de los numerales 1, 3, 4 y 6 del artículo 30 del Código Penal.
En el alegato de cierre, presentado esta mañana, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, también solicitó la reparación integral a favor de la víctima, así como el pago de la multa correspondiente. Mientras que, como reparación inmaterial, pidió la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional y disculpas públicas ante el juez de ejecución.
En su intervención, el Dr. Toainga manifestó que Fiscalía demostró que el secuestro se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que fue coordinado desde Ecuador por el extitular de esa Institución (el procesado) y que se llevó a cabo por pedido del expresidente de la República, Rafael C., quien habría ordenado ‘que traigan como sea a Fernando Balda desde Colombia a Ecuador’.
En la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó dos testimonios anticipados, cuatro testimonios, once pruebas periciales y más de cincuenta pruebas documentales, con las que demostró la materialidad del delito y la participación de Pablo R. Q., quien cometió la infracción con pleno conocimiento de las implicaciones legales, pues atentó contra un bien jurídico protegido como es la libertad ambulatoria de Fernando Balda.
El secuestro de Balda fue ejecutado por cinco personas, que fueron sentenciados a sesenta meses de prisión en Colombia. El hecho fue observado por varios taxistas, quienes alertaron a las autoridades policiales, que efectuaron un operativo, ubicaron el vehículo y lo rescataron. Por este caso, los exagentes de Policía Raúl Ch. y Diana F. fueron sentenciados a veintiún meses de pena privativa de libertad.