En audiencia de procedimiento abreviado, Renata J. R. fue sentenciada a un año de prisión, en el caso que Fiscalía investiga por asociación ilícita para ofertar cargos públicos. Con ella son once los procesados (en esta causa) que se acogieron a este procedimiento y que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad.
En la diligencia, desarrollada la mañana del viernes 17 de julio, a través de videoconferencia en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal César Suárez Pilay expuso los elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre ellos: las escuchas telefónicas (con autorización judicial), extracción de información de celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques y más) relativa al hecho, entre otras, que vinculan a la ahora sentenciada.
Fiscalía también expuso el grado de participación de la procesada, citando fechas de reuniones mantenidas en Quito y Guayaquil. Además, se demostró que era la encargada de ofertar los cargos públicos en sus diferentes modalidades, para diferentes instituciones públicas, además de manejar información y captar sumas de dinero.
La jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, tras haber calificado el procedimiento abreviado, aceptó los elementos probatorios expuestos por Fiscalía y dictó la sentencia condenatoria, le impuso una multa de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), el impedimento de postularse a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.
Contexto
El pasado 28 de noviembre de 2019 se inició un proceso penal contra treinta y dos detenidos en el operativo “Emperador”. La acción fue liderada por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Unidad de Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras un proceso investigativo de cuatro meses, iniciado por la Unidad de Administración Pública en Guayaquil, por un presunto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos.