Quito. El presidente Daniel Noboa anunció la declaración de un nuevo Estado de Excepción en nueve provincias y dos cantones del Ecuador, incluyendo a Los Ríos, Guayas, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón La Troncal en Cañar y Camilo Ponce Enríquez en Azuay, como respuesta a una «grave conmoción interna».
El decreto, identificado como Decreto 493, busca abordar el incremento alarmante de la inseguridad en estas regiones.
Los Ríos fue incluida debido a su alarmante tasa de inseguridad, con trece cantones específicamente señalados por el gobierno: Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo. Esas ciudades han sufrido un aumento significativo en crímenes violentos, generando preocupación entre la población y las autoridades locales.
Además de Los Ríos, otras provincias como Guayas y Manabí cerraron el año 2024 con estadísticas de inseguridad que superan los niveles aceptables, con incidentes de homicidios, asaltos y secuestros que han puesto en alerta a las comunidades.
En Orellana, Santa Elena, El Oro, y Sucumbíos, la situación no es menos grave, con reportes de violencia asociada a grupos delictivos y narcotráfico.
En Quito, aunque no se aplica un toque de queda, el estado de excepción permite mayor movilidad de las fuerzas de seguridad para contrarrestar la delincuencia.
La Troncal y Camilo Ponce Enríquez también son parte de esta medida, reflejando la necesidad de una intervención directa para restablecer el orden.
Desde su llegada a Carondelet, el presidente Noboa ha enfrentado una ola de violencia sin precedentes, derivada principalmente del narcotráfico y la acción de bandas criminales.
Su gobierno ha implementado diversas estrategias, como la militarización de cárceles y operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para recuperar el control de territorios dominados por el crimen organizado.
La consulta popular de abril de 2024, aprobada por la ciudadanía, ha sido un pilar fundamental para otorgar herramientas legales adicionales a las fuerzas de seguridad.
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Las autoridades esperan que esta nueva declaratoria de Estado de Excepción sea un paso crucial hacia la pacificación y el restablecimiento de la seguridad en las áreas afectadas.
El fin para el presente año es consolidar los avances logrados, reducir significativamente las tasas de criminalidad y devolver la tranquilidad a los ciudadanos ecuatorianos.