En audiencia de apelación, Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y revocó las medidas alternativas dispuestas en la audiencia de formulación de cargos para Ángel P., uno de los siete procesados por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Finanzas y otras instituciones del Estado, y le dictó prisión preventiva.
En esa misma diligencia se rechazaron los pedidos de tres procesados, que solicitaron la revocatoria de la prisión preventiva.
Con esta decisión, en este caso, seis personas se encuentran con prisión preventiva y otra más con medidas alternativas. En contra de todas ellas, Fiscalía formuló cargos y los investiga por presunta asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.
Durante la audiencia, la Fiscal del caso solicitó la revocatoria de las medidas iniciales debido a que en la audiencia de formulación de cargos, Ángel P. presentó un carné de discapacidad física del 65% y un certificado que señala que su padre presenta una enfermedad grave. Sin embargo, estos documentos fueron controvertidos debido a que se presume que fueron obtenidos de forma irregular y que no responden a la realidad del procesado.
Los argumentos fueron aceptados por los jueces, quienes resolvieron el cambio de las medidas iniciales.
Los siete procesados fueron detenidos en un operativo ejecutado a inicios de mayo, en coordinación con la Policía Nacional, en el que se efectuaron trece allanamientos en Ambato, Otavalo, Latacunga, Sangolquí y Quito. Uno de estos procedimientos se llevó a cabo en el Ministerio de Finanzas.
A través de la aplicación de técnicas especiales de investigación, como seguimientos, escuchas, vigilancias, entre otras, Fiscalía determinó la existencia de un grupo de funcionarios que –desde varias instituciones públicas– obtenían información de qué facturas estaban próximas a pagarse y en qué fechas, para que personas externas contactaran a los beneficiarios de esos cobros y les ofrecieran agilizar el pago a cambio de una comisión del 4%; caso contrario, los amenazaban con un retraso de al menos un año en dicho pago.