La resolución judicial fue unánime. Pablo Santiago A. S., de 42 años de edad, fue condenado a cumplir la pena agravada de treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad, como coautor de asesinato y al pago de 100.000 dólares como reparación a la familia de su víctima.
El Tribunal de Garantías Penales, presidido por la jueza Sara Costales, rechazó el pedido de la defensa pública del procesado de aplicar la atenuante trascendental. Es decir, la reducción de la pena por entregar información relevante a la Fiscalía durante la investigación.
“Aunque el procesado reveló los detalles y las razones del delito, haber actuado entre dos o más personas y perpetrar la infracción con violencia –ambas circunstancias agravantes demostradas durante la audiencia–, no permiten la aplicación de la atenuante trascendental”, argumentó ante los jueces el fiscal de Personas y Garantías, Samuel Orlando Benavides.
La audiencia de juzgamiento, convocada con tres meses de anticipación, se instaló y culminó el 6 de febrero de 2020. Debió suceder un día antes, pero la defensa técnica del procesado no se presentó, por lo que fue amonestado a pagar tres salarios básicos unificados y el Tribunal notificó su ausencia al Consejo de la Judicatura, y dispuso defensa pública para el procesado.
Un hallazgo
Conforme el fiscal interrogaba a los veintinueve testigos que convocó a la audiencia, el asesinato del ejecutivo de ventas de una empresa importadora, Carlos Manuel Mosquera, de 56 años, se fue dilucidando ante los jueces.
El 27 de diciembre de 2018, Luis C. –propietario de un edificio ubicado en el sector de Las Casas– llamó a la Policía, debido al olor que emanaba una de las oficinas que alquiló el 10 de diciembre (tenía dieciocho más vacías). Entraron por la fuerza y encontraron el cadáver de Carlos, maniatado, con cinchos de plástico en sus pies y manos, y su rostro envuelto con cinta de embalaje. La perita médica-legal, Geovanna Soto, en su testimonio dijo que la muerte data del 19 de diciembre y que sucedió por asfixia, según su informe de autopsia.
En efecto, Carlos fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre de 2018. En la mañana le dijo a su esposa que iría a una oficina al sector de Las Casas a cerrar un negocio con un cliente nuevo. En la tarde, el jefe de Carlos informó a su familia que no se reportó en todo el día. Entonces llamaron a la Policía y rastrearon el auto que tenía GPS. Fue encontrado en las calles cercanas al edificio, donde días después fue encontrado su cadáver.
El móvil
El procesado y Nehomar, ambos excompañeros de trabajo de la víctima, habrían planificado meses antes (octubre de 2018) una estafa a la importadora a través de Carlos (+). Para lograrlo, debían quitarle el teléfono celular y acceder a “Pablo”, un cliente de la víctima que tenía una calificación “A” en la empresa en la que trabajaba la víctima y así efectuarse un pedido grande de electrodomésticos.
El día 19, acudió a la cita concertada con Fausto F., hermano de Pablo Santiago A. S. Al llegar lo sometieron, golpearon y maniataron. Cuando lo embalaban, el dueño del edificio pasaba por el corredor y escuchó el ruido de la cinta. Golpeó y lo atendió Fausto (quien le alquiló la oficina, supuestamente para una empresa de turismo a nombre de otra persona): “el señor no abrió mucho la puerta, me trancó (…).
Después, otro hombre que no se dejaba ver la cara, limpiaba y limpiaba las puertas”, dijo al Tribunal.
Con Carlos sometido, embalado y asfixiándose, le quitaron el móvil y lo desbloquearon con su huella digital. Hicieron un pedido de 1.000 licuadoras y otros electrodomésticos por un monto de 75.000 dólares, a nombre del cliente Pablo, a través de WhatsApp, desde el número de la víctima.
Según el testimonio de Pablo Santiago A. S., su hermano se fue de allí y con Nehomar continuaron con el plan. Dejaron el cuerpo de Carlos atado y se movilizaron a Calderón en un auto rentado por él (Pablo) un día antes del hecho, acción que fue corroborada ante los jueces por dos trabajadoras del local de alquiler de vehículos.
Se deshicieron de las cosas de la víctima por el camino, menos del chip del teléfono de Carlos que estaba en el celular de Nehomar. Antes de llegar a Calderón, desde el número de la víctima alquilaron un camión y lo citaron en Carcelén para entregarle los sellos que habilitaban el retiro de la mercadería de las bodegas de la importadora, ubicada en Llano Chico.
Luis F., dueño de ese vehículo, aseveró a los jueces que la persona que le entregó los sellos nunca le dijo nombre, pero el acusado Pablo Santiago afirmó que fue él quien entregó los sellos.
Desde Calderón, Pablo y Nehomar monitorearon la operación con un dron. Pero la mercadería solicitada desbordó la capacidad del camión. A Vinicio J., jefe de bodega, le llamó la atención que el cliente Pablo no estuviera presente en el embarque. En su testimonio, dijo que se comunicó con el cliente para decirle que el “volumen de facturación no le va a alcanzar en el camión”, pero respondió que no hizo esa compra a través de Carlos. Entonces, llamaron a la Policía.
En su testimonio, el procesado dijo que no hubo la intención de que muera: “solo queríamos el celular para hacer lo que queríamos hacer (…). Cuando llegó la Policía (a la importadora) nos fuimos al Valle, no sabíamos si falleció o no Don Carlos, no se logró facturar, todo se salió de las manos”, contó.
Después se fue con su hermano a Colombia, pero regresó diecisiete días después y a finales de febrero fue detenido y trasladado a Quito, a la formulación de cargos que finalmente culminó en sentencia condenatoria.