En la audiencia de apelación a la sentencia, Fiscalía justificó nuevamente cada una de las pruebas presentadas en la audiencia de juzgamiento, mismas que llevaron a ratificar la sentencia de siete años de privación de libertad contra de Daniel A., como autor directo del delito de estafa contra cuarenta y siete personas, que desde 2007 entregaron altas sumas de dinero para supuestas reservas de bienes inmuebles.
Ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, el fiscal de Patrimonio Ciudadano, Roberto Vayas, señaló que oportunamente se demostraron la materialidad y la responsabilidad del sentenciado, con las versiones de las víctimas, en las que mencionan haber entregado entre 1.000 y 47.000 dólares (cada uno); con las tablas de amortización sobre los préstamos bancarios que hicieron para cumplir con la entrega del dinero y las pericias grafotécnicas, que determinaron que las firmas encontradas corresponden a la del sentenciado.
Los hechos
En el año 2007, los hermanos Daniel A., y Diego A., abrieron un local inmobiliario, ubicado en la Av. Víctor Hugo y calle Arosemena, en Ambato, con el nombre de “Inmobiliaria Imperio”.
Su modus operandi consistía en buscar inmuebles que estaban en oferta (dentro de la provincia) para venderlos. Sus trabajadores captaban a los dueños de los inmuebles para suscribir un contrato de mandato, para que la inmobiliaria se encargue de las ventas por medio de publicidad en diferentes medios de comunicación.
Las víctimas (ciudadanos que buscaban una vivienda o terreno propio) acudían a la inmobiliaria para solicitar la reserva del inmueble y entregaban sumas de dinero. Sin embargo, tiempo después lo perdían por presuntos incumplimientos, ya que sus contratos incluían clausulas fraudulentas.
Más información
Su hermano, Diego A., –también implicado en el delito– continúa prófugo de la justicia.