Los afectados eran adultos mayores. Durante cinco años, sus datos personales fueron usados por una red delictiva que, a nombre de ellos, cobraba los USD 50 mensuales del Bono de Desarrollo Humano (BDH).
En Santo Domingo de los Tsáchilas, los cobros se hacían en sitios conocidos como corresponsales no bancarios. Son puntos que funcionan como una suerte de extensiones de una entidad financiera privada y que operan en tiendas, farmacias, cibercafés o papelerías.
Las transacciones que se realizaban con los números de cédula y la fecha de nacimiento de los favorecidos se hicieron entre el 2013 y 2017. Siete personas que conformaban esta red delictiva están acusadas de captar ese dinero. Para ello utilizaron la identidad de adultos mayores que viven en zonas rurales de cinco provincias de la Costa y Sierra.
El Bono es un incentivo que el Estado entrega a madres, adultos mayores y personas con discapacidades, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Luis Preciado, un adulto mayor de 67 años, oriundo de Esmeraldas, fue calificado para el bono en el 2015. Un año después, se enteró que su dinero lo retiraba otra persona. Al menos esa era la respuesta que recibía cada vez que iba al banco.
Así avanzó el tiempo y en todo el 2016 no supo el destino de los USD 50 mensuales, hasta que en estos días pidió al MIES que hiciera un seguimiento a este beneficio estatal. La respuesta fue la misma: personas, a las que no conocía, cobraban ese monto. Las investigaciones de la Unidad de Gestión y Seguridad Interna de la Presidencia de la República revelan que en cinco años el perjuicio para el Estado asciende a 8 millones.
Esto representa un 19,26% de la asignación mensual que el Estado entrega a los 1 024 500 beneficiarios del Bono, a escala nacional. En el primer semestre de este año, el Fisco transfirió USD 249,17 millones para cubrir esta subvención, según el Ministerio de Finanzas. El testimonio de Preciado, que se conoció en la Fiscalía, dio las pistas necesarias.
Efectos en 5 provincias En los cinco meses que duraron las indagaciones, se conoció que la red se apropió de las identidades de personas que habitan en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Los movimientos de las transacciones reflejan que los dineros de 2 667 beneficiarios se desviaron a cuentas de los siete integrantes de la organización, que hoy están arrestadas.
Por ahora, los agentes de la Policía tienen pruebas de la identidad de 1 000 personas, con base en documentos hallados en computadoras que estaban en poder de los detenidos. Cada uno de los aprehendidos cobraba el bono que correspondía a ocho personas. Un oficial a cargo del operativo, al que denominaron Fortaleza 169, cuenta que otras investigaciones están en marcha. Así se busca detectar cómo los miembros de la organización consiguieron beneficiarse del Bono de Desarrollo.
El MIES informó que una persona debe pasar una evaluación que determine si en realidad está dentro de los niveles más bajos de pobreza. De esa forma, se verifica si su condición económica y social se ajusta a los resultados que constan en el Registro Social.
El cotejamiento de esta información es clave para que sea considerado en el Bono. Debilidad en los filtros La Policía cree que los filtros de quienes atienden los corresponsales no bancarios habrían sido vulnerados para hacer efectivos los cobros. Mariana Pincay, dueña de una farmacia en Santo Domingo, cuenta que hasta hace dos meses únicamente pedían el número de la cédula de identidad y la fecha de nacimiento del beneficiario.
De esta forma, cualquier persona podía cobrar el dinero del bono. “Cuando no viene el titular del beneficio, nos dicen que está en casa enfermo. O que no puede caminar porque tiene una discapacidad compleja. Siempre ocurre con las personas de la tercera edad o discapacitados”.
Pero algunos de los corresponsales no bancarios tomaron medidas en octubre pasado, para asegurarse que estas segundas personas que cobran el Bono no perjudiquen a los verdaderos beneficiarios.
David Zambrano, dueño de otra farmacia, señala que además del número de la cédula se solicita la fecha de expedición del documento. Las entidades bancarias, en cambio, dan un tratamiento diferente para cancelar el beneficio. En una de estas, su personal asegura que para pagar los USD 50 se exige que acuda personalmente el beneficiario del dinero.
Allí no se aceptan terceras personas, salvo la compañía de un familiar para que le ayude a movilizarse hacia la ventanilla autorizada. Este martes, 31 de octubre, las autoridades dijeron que seguirán con las investigaciones hasta determinar quiénes más están involucrados en este hecho.
En contexto La operación que permitió desarticular a esta red se realizó de manera simultánea en Santo Domingo y en el cantón Puerto Quito de la provincia de Pichincha. Tres mujeres y cuatro hombres son investigados por presunta asociación ilícita y defraudación tributaria. El Comercio