¡Se hizo justicia… al fin! La Corte Constitucional acaba de declarar que la empresa Furukawa mantuvo prácticas de esclavitud en sus haciendas, y dispone el pago de una reparación económica a 342 trabajadores. La Corte cuestiona también el rol de varias entidades del Estado.
La Corte Constitucional declaró que la empresa japonesa Furukawa mantuvo prácticas de esclavitud en sus haciendas, por lo que dispuso el pago de una reparación económica para 342 trabajadores.
De la misma manera, la Corte Constitucional cuestiona el papel de las entidades de control del Estado durante los años de actividad de Furukawa.
“Por más de cincuenta años, Furukawa mantuvo en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud. El sistema consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa”.
La sentencia histórica en Ecuador reconoce por primera vez que la millonaria firma a cargo de la producción de esa fibra violó los derechos laborales y humanos de sus trabajadores, tal y como llevan seis años denunciando. Y exige reparaciones integrales que engloban disculpas públicas del Estado y de la empresa, reparaciones económicas o cesiones de tierras y reformas legales para “evitar la impunidad corporativa” u otras prácticas de esclavitud.
El fallo, que fue emitido el jueves 5 de diciembre de 2024, confirma además que la esclavitud fue motivada por el “origen afrodescendiente” de los trabajadores y el “racismo estructural” que existe en Ecuador.
“Las personas que cultivaban el abacá eran vistas, debido a su origen afrodescendiente, como objetos de producción, y no como personas en igualdad de condiciones de dignidad humana”, se lee en el documento.
Furukawa mantenía a los abacaleros en campamentos dentro de las haciendas en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, ni salud o educación.
Los trabajadores eran obligados a cultivar abacá para la empresa, con la imposibilidad de modificar su situación generacionalmente.
Exigencias simbólicas
La Corte exige una serie de reparaciones simbólicas como la creación de un documental sobre la servidumbre de la gleba, con la participación de los abacaleros, y la declaración de un día de conmemoración de las víctimas de Furukawa.
Así mismo, la sentencia determina que el actual Gobierno haga un acto de disculpa pública, para lo cual tiene un plazo de menos de dos meses en la Plaza Grande de Quito, un lugar emblemático de las luchas sociales del país y donde llegaron por primera vez los abacaleros a reivindicar sus derechos.
Las disculpas tendrán que ser liderada por el presidente o, en su defecto, alguno de los ministros.
Si bien la firma japonesa, instalada en Ecuador a mediados de los 60, aún no ha emitido ninguna declaración sobre la sentencia, sí se pronunció días antes, intuyendo la contundencia del fallo.
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“En caso de que se disponga de una eventual reparación dentro del actual proceso de selección y revisión, la invasión de las haciendas de Furukawa debe ser considerada, pues aquello ha implicado que no se tenga control sobre las mismas”, acusaron días antes del fallo a la jueza ponente, Daniela Salazar Marín. Esa invasión que aseguran fue “a la fuerza” es un asentamiento de resistencia de los abacaleros, hoy ya reconocidos por la justicia ecuatoriana como víctimas de la esclavitud moderna.
“Las personas que se encuentran ahí (…) han estado explotando por más de cinco años esas 117 hectáreas, lo cual les ha dejado buena plata”, argumentaba Walter Sánchez, comodatario de la empresa.