La Fiscalía de Santa Elena obtuvo sentencia condenatoria de veintinueve años y cuatro meses de prisión contra Jorge Armando B. H., por la violación perpetrada –en varias ocasiones– contra su sobrina política, quien tiene discapacidad intelectual. Producto de la agresión sexual, la víctima quedó embarazada.
El fiscal Juan Pablo Arévalo, en la audiencia de juzgamiento, desarrollada en la Unidad Judicial Penal de La Libertad, presentó el testimonio anticipado de la víctima, de algunos familiares, del procesado, de los peritos médicos, psicólogos, trabajadora social y de agentes aprehensores e investigadores.
Entre las pruebas documentales aportadas al proceso constaron la valoración médica y el informe psicológico, que evidenció los rasgos y características de una víctima de violación sistemática (sostenida); así como el de entorno social, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las versiones de los familiares.
El Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces César Vélez, Milton Pozo y Abdón Monroy, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió la sentencia, disponiendo además las medidas de protección para precautelar la integridad de la víctima. A ello se suma la multa impuesta, de 800 salarios básicos unificados (320.000 dólares) y el pago de 5.000 dólares como reparación integral a la agraviada.
La conducta procesal del sentenciado se encuadró en el artículo 171, inciso primero, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal, que es sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. Además, se consideraron las agravantes establecidas en el artículo 48, numerales 4, 5 y 9 (si la víctima resulta embarazada, pertenece al núcleo familiar y que el procesado conocía a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción), circunstancias que aumentaron la pena impuesta hasta en un tercio.
Fiscalía inició una investigación previa contra Jorge Armando B. H. en noviembre de 2018, tras conocer la denuncia presentada por la madre de la afectada, quien se percató de la situación física y psicológica por la que atravesaba su hija.
La víctima detalló ante las autoridades judiciales quien la violentó, señalando a su pariente político como responsable. El victimario habría actuado bajo engaños y promesas falsas de compromiso.