La polémica desatada por la protesta de un grupo de bomberos de Quevedo el miércoles 6 de noviembre ha escalado a un nuevo nivel, con la presentación de una denuncia formal en la Fiscalía en contra de siete uniformados.
Los bomberos, que reclamaban el pago de sus salarios y la falta de equipos, paralizaron el tránsito y utilizaron vehículos institucionales para manifestarse, acciones que han sido consideradas ilegales y que han puesto en riesgo la operatividad del cuerpo de bomberos.
Así lo confirmó el Concejal Jimmy Aguirre, quien es delegado del Municipio en el Cuerpo de Bomberos y el jefe de la ‘Casaca Roja’, Humberto Gavilanez.
Según los funcionarios, siete bomberos han sido identificados y denunciados por utilizar bienes públicos para obstruir vías públicas y participar en una protesta no autorizada.
Estos hechos podrían acarrear sanciones administrativas y, potencialmente, penales, dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas.
Atrasos
Más allá de la protesta y las denuncias, la situación del Cuerpo de Bomberos de Quevedo revela una serie de problemas internos que requieren atención urgente.
El jefe del cuerpo bomberil, Humberto Gavilanez, ha confirmado los atrasos en el pago de los salarios, atribuyéndolos a problemas con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
Además, Gavilanez ha denunciado la existencia de «parásitos» dentro de la institución, a quienes acusa de no cumplir con sus funciones y de utilizar los vehículos de manera inadecuada.
La falta de inversión en equipamiento y la necesidad de realizar autogestión para cubrir ciertos gastos, como cursos, también han sido señaladas como problemas recurrentes.
Acusaciones
Durante la protesta, surgieron acusaciones sobre la realización de cursos exprés de bomberos a cambio de una remuneración económica.
Estas acusaciones han sido desmentidas por el jefe bomberil, quien ha admitido la necesidad de capacitar a nuevo personal, pero ha negado la existencia de cursos irregulares.
La falta de uniformes también fue una de las quejas de los bomberos protestantes. Sin embargo, Gavilanez aseguró que los uniformes ya se encontraban en bodega y que su distribución se había retrasado debido a un reglamento obsoleto.