Medidas como modificar el orgánico funcional para que sea técnico y no político, administrar mejor los recursos, ser prudentes en las contrataciones y revisar exhaustivamente las necesidades para adquirir lo que realmente se necesita fueron anunciadas por la prefecta del Guayas, Susana González, para enfrentar la crisis financiera de la entidad.
La funcionaría lo hizo en el marco de la sesión del Consejo Provincial del Guayas donde una radiografía de la situación financiera y de los contratos de obras en la provincia causó honda preocupación en los consejeros.
González también expresó su malestar que aunque no es partidaria de hacer mención de las administraciones de sus antecesores, sin embargo, se ha detectado anomalías tanto en la administración de Carlos Morales como la de Jimmy Jiarala.
“Lo que presentamos hoy es lo que se debía hacer siempre. Presentamos un diagnóstico financiero de la situación actual que se encuentra la Prefectura del Guayas que no es alentador”, expresó la primera autoridad de la provincia.
Las deudas por cobrar que se mantiene con la institución alcanzan los USD 99’223.268,50. Corresponden a pagos del SRI por devolución del IVA (USD 16’7 millones), por dragado anterior (USD 17’), Ministerio de Finanzas (USD 51’ desde 2017), Senagua por transferencia de competencias de riego, draga y drenaje (USD 14’4 millones).
Así consta en el informe expuesto por Julieta Herrería, Directora de Planificación Institucional. En tanto las deudas que mantiene la Prefectura del Guayas con acreedores son por USD 75’141.918,32.
Los ingresos mensuales por transferencia del Presupuesto del Estado son de USD 12’750.862,67. Sin embargo, por fideicomisos por los contratos de concesiones viales se debitan automáticamente USD 7’045.652,82 cada mes.
El contrato de dichas concesiones vencía el 2021 pero en la anterior administración de la Prefectura se extendió hasta el 2026. Esto fue cuestionado por el consejero Luis Almeida, delegado de la alcaldesa de Guayaquil, quien pidió una investigación al respecto.
El planteamiento fue respaldado por los alcaldes de Milagro, Francisco Asan, y de Santa Lucía, Edson Alvarado, quienes plantearon una revisión del aspecto legal de la extensión del periodo del contrato. El pleno acordó nombrar una comisión que se encargue del manejo del tema.
En tanto Miriam Lucas, Directora de Gestión BEDE, expuso un informe sobre la situación en que han encontrado los contratos con fondos del Banco de Desarrollo. Detalló cada obra con sus respectivos montos y novedades.
Durante la exposición, alcaldes como los de Santa Lucía y Milagro dijeron sorprendidos desconocer de obras allí contempladas.
Además, se informó que un 50% de la maquinaria de la institución no está operativa y un 20% de esta no sirve por lo que hay que darle de baja.