Ecuador se prepara para un toque de queda que se implementará entre la noche del 18 de septiembre y la madrugada del 19, coincidiendo con un apagón programado de ocho horas a nivel nacional.
La medida, anunciada por la ministra del Interior, Mónica Palencia, busca garantizar la seguridad ciudadana en un contexto de creciente violencia y crisis eléctrica.
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 391 el 17 de septiembre, especificando que el toque de queda se aplicará en seis provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro— y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, que se encuentran en estado de excepción debido a la inseguridad persistente.
La restricción de la libertad de tránsito estará vigente desde las 22:00 hasta las 06:00, obligando a los ciudadanos a permanecer en sus hogares durante este período.
La decisión de establecer un toque de queda responde a la necesidad de prevenir posibles desmanes y a la falta de energía que afecta al país.
Más de 46.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas estarán desplegados para garantizar el orden y atender cualquier eventualidad que surja durante el apagón.
A pesar del apagón, el gobierno asegura que los servicios esenciales, como hospitales y aeropuertos, no se verán afectados.
Las operaciones en las terminales de Quito y Guayaquil continuarán sin interrupciones, lo que permitirá que la atención a la ciudadanía no se vea comprometida.
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El Ministerio de Educación ha informado sobre la reducción de la jornada nocturna para el 18 de septiembre, adaptándose a las nuevas medidas de seguridad.
Hasta el momento, los apagones previos habían sido programados durante el día, pero esta vez el Ejecutivo ha optado por realizarlo en horario nocturno para mitigar el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El contexto de estas decisiones es grave; en 2023, Ecuador registró la tasa más alta de homicidios en Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes.
Este apagón y el toque de queda se enmarcan dentro del “conflicto armado interno” declarado por Noboa contra las bandas del crimen organizado, buscando una respuesta contundente a la creciente violencia que ha asolado al país en los últimos años.
Las autoridades han manifestado que estas medidas son una mezcla de prevención y necesidad, ante un panorama que exige acciones decididas para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos.