Tres demandas de acción pública de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, o más conocida como ‘reforma tributaria’, están acumuladas en la Corte Constitucional (CC) para su tratamiento.
La primera de ellas la planteó el activista político y excandidato presidencial Yaku Pérez Guartambel, por el fondo y la forma a la norma que entró en vigor el pasado 29 de noviembre, luego que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso su publicación mediante decreto-ley, debido a que la Asamblea Nacional no la aprobó, negó o archivó en su plenaria.
A esta demanda se sumó una presentada por un sector de legisladores de Pachakutik (PK) en conjunto con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza; y otra adicional, presentada por la Cámara de Turismo del Guayas.
Esta última demandó la inconstitucionalidad por la forma de al menos cinco artículos de la ley, como, por ejemplo, que el aumento del impuesto a la renta para aquellas personas que ganan anualmente entre $ 31.630,01 hasta $ 41.630 produce un impuesto sobre la fracción básica de $ 2.449,40 y un porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente del 20 %. El radical y desproporcionado aumento en el rango de ingresos antes indicados viola con toda claridad el derecho a una vida digna que asegure, entre otros, la salud, la vivienda, la educación, pues le quita disponibilidad de dinero a los contribuyentes para cubrir sus necesidades y las de su familia (…)”.
Las causas fueron admitidas a trámite y acumuladas para el trámite en el despacho de la jueza Karla Andrade.
No obstante, los tribunales de Admisión de la Corte negaron en los tres casos la solicitud de medidas cautelares para evitar que la ley se ejecute, mientras se resuelve su inconstitucionalidad. Fuente: El Universo.