En los últimos 13 años, la institución financiera elevó sus gastos operativos en más de 484%, pero bajó del primero al sexto puesto en niveles de eficiencia, cobertura y rentabilidad.
La venta del Banco del Pacífico ha estado dentro del debate público durante al menos los últimos siete años. A partir de 2015, luego de que se agotara el modelo de creciente gasto público y endeudamiento, se comenzó a hablar de vender y concesionar activos del Estado.
En 2016, el expresidente Rafael Correa aseguró, por ejemplo, que vendería el Banco del Pacífico para “generar liquidez” y cubrir el costo de la reconstrucción de las zonas destruidas por el terremoto de 2016.
Sin embargo, esa era solo una excusa circunstancial. El problema de fondo tenía que ver con que el mal manejo, más relacionado con la política que con la técnica, había convertido a esa institución en un negocio aparentemente rentable, pero lleno de problemas.
Roberto González Müller, actual presidente ejecutivo de la entidad financiera, ha explicado que, en los últimos 13 años bajo administración estatal (CFN es la accionista mayoritaria), se deterioraron tres aspectos.
En primer lugar, los gastos operativos se dispararon sin justificación de $45 millones a más de $230 millones. La nómina, en su pico más alto, pasó de 1.500 a 3.700 personas; pero la calidad del servicio y la agilidad y eficiencia de los procesos no mejoró sustancialmente.
También se gastaron alrededor de $20 millones anuales en auspicios y campañas publicitarias sin ninguna utilidad y beneficio para el banco. Todo como consecuencia de decisiones políticas
Asimismo, aunque la cartera crediticia creció, los ingresos no lo hicieron en el mismo nivel, debido a que la institución se vio obligada a asumir cartera de mala calidad de otras entidades (Banco Ecuatoriano de la Vivienda y Banco Capital).
Además, se emprendieron campañas crediticias que excedían sus capacidades y estructura como vivienda social, vivienda de interés público, vendedores, educativo, entre otros.